Mónica
Espinoza Miralles
Mónica Espinoza Miralles, de Global Fishing Watch, revela cómo la cooperación regional y la tecnología están transformando la gobernanza oceánica en uno de los mares más biodiversos del mundo
América Latina ha sido durante mucho tiempo pionera mundial en la protección del océano. Desde su liderazgo en la iniciativa 30×30 hasta sus vastos corredores marinos, diseñados para proteger tiburones, tortugas y atunes migratorios, la región ha impulsado un replanteamiento de la gobernanza oceánica. El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, un esfuerzo colaborativo liderado por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, sigue siendo uno de los experimentos de conservación marina más audaces del mundo: un ejemplo destacado de cómo la cooperación regional puede salvaguardar aguas ricas en biodiversidad y, al mismo tiempo, sostener a las comunidades costeras y a las economías nacionales.
La región también se ha posicionado como un laboratorio de pruebas sobre cómo la transparencia y la tecnología pueden transformar la gobernanza oceánica para mejor. En la última década, países tan diversos como Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú han colaborado con Global Fishing Watch para compartir sus datos de seguimiento de embarcaciones en las plataformas de la organización. Estos esfuerzos se han traducido directamente en mejoras tanto en la gestión pesquera como en la supervisión de áreas marinas protegidas, al tiempo que sientan un modelo para una mayor conservación oceánica.
Según Mónica Espinoza Miralles, líder de Global Fishing Watch en América Latina, la lección de la región es clara: la protección duradera del océano requiere la alineación de la voluntad política, la innovación y los datos abiertos.
“Cuando se combinan con voluntad política, la transparencia y la tecnología pueden realmente transformar las metas de conservación, pasando de compromisos en papel a protecciones vivas”, afirmó. “Esto ayuda a salvaguardar la biodiversidad al tiempo que respeta la soberanía y apoya los medios de vida de las comunidades costeras en América Latina y en todo el mundo.”
Conversamos con Espinoza Miralles sobre cómo la experiencia latinoamericana de unir determinación institucional con innovación ofrece al mundo una lección de cómo avanzar hacia una buena gobernanza oceánica.
América Latina abarca algunos de los ecosistemas marinos más biodiversos y económicamente vitales del mundo. ¿Qué hace que la región sea particularmente importante (y vulnerable) en lo que respecta a la gobernanza oceánica?
América Latina se extiende desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, lo que le otorga condiciones oceanográficas únicas y una extraordinaria diversidad ecológica. La región alberga algunos de los verdaderos tesoros oceánicos del planeta: las islas pelágicas que van desde las costas de México hasta Chile y que sirven de autopistas migratorias para especies icónicas como el tiburón martillo.
Un ejemplo destacado es el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), donde las Islas Galápagos están influenciadas por la convergencia de cinco corrientes oceánicas que generan niveles incomparables de productividad marina.
La región también alberga recursos pesqueros críticos: los atunes prosperan en aguas tropicales, mientras que las zonas más frías sustentan especies de gran valor comercial como la anchoveta, el bacalao y el calamar. Es evidente que una gobernanza oceánica eficaz en América Latina debe reconocer una realidad esencial: los peces y especies marinas no reconocen fronteras nacionales. Si las pesquerías se gestionan mal en un país, los impactos se propagan por el océano y afectan a los vecinos, cercanos o lejanos.
Para complicar aún más las cosas, las flotas de aguas distantes recorren océanos enteros, como el Pacífico, para explotar estos recursos. Por lo tanto, la gestión sostenible no es una opción, sino una necesidad para salvaguardar la biodiversidad y proteger a las comunidades costeras vulnerables cuya seguridad alimentaria y sustento dependen directamente de la salud del océano.
La transparencia suele presentarse como una solución a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). ¿Qué significa la transparencia en la práctica en América Latina y cómo están usando los países los datos para impulsar la rendición de cuentas en el mar?
La transparencia genera cumplimiento: cuando la gente sabe que la información es pública, lo piensa dos veces antes de infringir las reglas. En América Latina, este concepto se ha adoptado a nivel nacional, y países como Perú y Chile incluso lo han incorporado en su legislación. Al liderar el camino, demostraron que abrir los datos pesqueros no solo es posible, sino que aporta un valor real, mostrando al mundo que sus flotas operan de manera responsable. Su ejemplo también ha motivado a otras naciones a seguirlos.
En la práctica, la transparencia significa sacar a la luz lo que antes era invisible. Implica publicar datos esenciales sobre la actividad pesquera, como los GPS agregados de embarcaciones, autorizaciones, identificaciones y propietarios, para crear una visión pública y conectada de quién pesca dónde, cuándo y bajo qué permisos.
Hoy en día, países como Perú, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Brasil y Belice están compartiendo sus datos del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS). Combinados con tecnología satelital y aprendizaje automático, estos datos permiten mapear con precisión los movimientos de las embarcaciones en aguas regionales, ayudando a las autoridades a supervisar rutas, detectar comportamientos sospechosos como el transbordo en el mar y aplicar la normativa de manera más eficaz.
La transparencia, entonces, no es solo un concepto técnico, es una herramienta poderosa para la gobernanza y la confianza, que fortalece la rendición de cuentas, mejora la reputación de las flotas y protege los recursos marinos.
Global Fishing Watch trabaja estrechamente con los gobiernos de América Latina. ¿Qué asociaciones o reformas de políticas destacan como ejemplos de avances significativos y qué lecciones pueden aprender otros de ellas?
Nuestros principales socios son los gobiernos, ya que tienen la autoridad para ordenar, gestionar y hacer cumplir las acciones necesarias para el uso sostenible y la conservación de nuestros recursos oceánicos. Desde 2017, Global Fishing Watch ha construido sólidas alianzas en América Latina y a través de ellas hemos visto reformas importantes impulsadas por datos abiertos, análisis y tecnología.
A nivel regional, uno de los ejemplos más claros es el CMAR. Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador no necesariamente comparten fronteras terrestres, pero sí un espacio marítimo conectado que a menudo pasa desapercibido en los mapas. Reconociendo la conectividad ecológica de los recursos marinos que no se ajustan a límites políticos, estos cuatro gobiernos se unieron para diseñar áreas marinas protegidas como una red conectada. Nuestros datos han apoyado parte de este proceso al informar sobre designaciones y analizar no solo la actividad pesquera, sino también otros usos humanos críticos como el transporte marítimo y el turismo. Es un modelo probado de gestión colectiva que ilustra el poder de la cooperación regional.
A nivel nacional, un ejemplo notable de innovación política proviene de Chile. Este mismo mes, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) emitió la Resolución 2866, un protocolo para la vigilancia ciudadana de las áreas marinas protegidas en las Islas Juan Fernández. La resolución autoriza explícitamente a los ciudadanos a usar Global Fishing Watch para monitorear la actividad de embarcaciones dentro de las AMP y establece procedimientos para presentar denuncias ante las oficinas regionales, que están obligadas a dar seguimiento. Esto es innovador porque integra formalmente herramientas de transparencia en el marco de la fiscalización de Chile, ampliando el alcance de la supervisión gubernamental mientras empodera a las comunidades para proteger activamente sus aguas.
La lección de ambas experiencias es clara: los datos abiertos y la transparencia fomentan la responsabilidad compartida. Ya sea a nivel regional, mediante el CMAR, o a nivel local en Chile, las alianzas que combinan liderazgo gubernamental, participación ciudadana y tecnología pueden generar avances significativos en la gobernanza oceánica.
A medida que crece el impulso hacia metas globales como 30x30, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para que los países latinoamericanos aprovechen las herramientas digitales y logren equilibrar conservación, soberanía y seguridad alimentaria?
Varios países latinoamericanos ya han alcanzado la meta 30×30, lo que representa un hito importante. Pero el verdadero desafío radica en convertir las designaciones en protecciones efectivas. Un ejemplo claro es el CMAR. Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá han designado, o están en proceso de designar, al menos el 30 por ciento de sus aguas para protección. Sin embargo, vigilar áreas tan vastas y garantizar que no se conviertan en zonas protegidas solo en el papel sigue siendo una tarea abrumadora para las autoridades marinas y agencias gubernamentales.
Estos desafíos provienen de recursos limitados, brechas de capacidad y acceso restringido a tecnologías críticas como el monitoreo satelital y la inteligencia artificial, indispensables para proteger las áreas marinas y disuadir la pesca INDNR.
Al mismo tiempo, las herramientas digitales representan una gran oportunidad. Al aprovechar conjuntos de datos satelitales como el VMS y el sistema de identificación automática (AIS), combinados con aprendizaje automático, los gobiernos pueden observar la actividad humana en el mar casi en tiempo real. Global Fishing Watch ha estado trabajando para reducir las brechas de capacidad al ofrecer plataformas de monitoreo de acceso abierto y capacitar a funcionarios gubernamentales, investigadores y sociedad civil en el uso de estas herramientas. Esto permite a los países no solo hacer cumplir las protecciones, sino también generar confianza en que la conservación y la seguridad alimentaria pueden ir de la mano.
Con la COP30 acercándose, ¿ves señales de que Brasil quiera mejorar la protección oceánica? ¿Crees que la COP podría ser el catalizador para que el gobierno haga más?
Sin duda, hay una gran expectativa en Brasil como anfitrión de la COP30, y eso incluye la atención a su vasto y diverso territorio marino. Ya hemos visto señales importantes de avance. A principios de este año, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció durante su discurso, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que Brasil ampliará sus áreas marinas protegidas del 26 al 30 por ciento. Esto es una señal clara de voluntad política y un reconocimiento del papel que Brasil puede desempeñar como líder oceánico global.
Las reuniones internacionales como la COP30 siempre ofrecen un escenario poderoso para promover y formalizar estos compromisos. Crean un sentido de responsabilidad, ya que los anuncios hechos en un escenario mundial son más difíciles de revertir. También abren espacio para que los gobiernos se relacionen con la sociedad civil, la ciencia y socios internacionales en la formulación de soluciones ambiciosas.
Así que sí, creo que la COP30 puede servir como catalizador para que Brasil acelere la acción, convirtiendo promesas de alto nivel en medidas concretas para una protección oceánica efectiva. Brasil tiene la oportunidad de demostrar que las agendas climáticas y oceánicas son inseparables y que avanzar en una fortalece a la otra.