© Fred S. Pinheiro.
Alguna vez bajo el escrutinio internacional por deficiencias en la supervisión de su flota, el país centroamericano se está consolidando como un modelo de transparencia, monitoreo coordinado y sólida gestión pesquera.
Osvaldo Ureña sabe que patrullar miles de kilómetros cuadrados de océano con apenas un puñado de patrulleras siempre será una batalla perdida. Todos los días, él y su equipo observan una pared de pantallas en la que líneas brillantes trazan los movimientos de las embarcaciones sobre mapas de calor que muestran la temperatura y la salinidad del mar. Trabajando a través de siete plataformas de monitoreo satelital, incluida Global Fishing Watch, buscan patrones que puedan revelar comportamientos sospechosos y ayudar a las autoridades a anticipar dónde podría concentrarse la actividad pesquera.
Como coordinador del Centro de Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero de Panamá, Ureña entiende que la fiscalización efectiva comienza mucho antes de que una patrullera zarpe del puerto. Empieza sabiendo dónde mirar, cuándo actuar y cómo aprovechar al máximo los recursos limitados.
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Desde su apertura en 2025, el centro se ha convertido en el epicentro del monitoreo oceánico y el análisis pesquero en el país. Su equipo multidisciplinario —integrado por operadores, analistas y un biólogo marino— transforma datos provenientes de múltiples fuentes en inteligencia operativa. Son estos hallazgos los que luego informan a las autoridades pesqueras sobre dónde y cuándo desplegar los patrullajes.
Hace apenas unos años, este nivel de coordinación habría sido difícil de imaginar. Cuatro instituciones gubernamentales que tradicionalmente operaban de forma independiente —la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Servicio Nacional Aeronaval— ahora trabajan desde un espacio compartido, reuniendo información y experiencia técnica para fortalecer la vigilancia de las aguas del país.
El centro es una expresión visible de un cambio más profundo. En la sala de monitoreo, las trayectorias de los barcos continúan avanzando lentamente en las pantallas, surcando el Pacífico y el Caribe. Los miles de kilómetros cuadrados de océano no se han reducido, y la flota de patrulleras no se ha multiplicado de la noche a la mañana. Pero para Ureña, la batalla ya no se libra a ciegas. Cuando las embarcaciones oficiales de Panamá salen de puerto, no buscan a la deriva en mar abierto: ya saben adónde dirigirse.
© 2025 ARAP
De las advertencias a la acción
El camino hasta este punto ha sido de todo menos sencillo. De hecho, en 2012, Panamá recibió una tarjeta amarilla de la Unión Europea por deficiencias en sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). El país implementó reformas y la advertencia se levantó en 2014. No obstante, cinco años después, Panamá recibió una segunda tarjeta amarilla, que continúa vigente.
En 2019 el país centroamericano tomó una decisión que marcaría un nuevo rumbo: comenzó a publicar en el mapa de Global Fishing Watch los datos del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) de su flota internacional. La actividad de alrededor de 350 buques pesqueros y de apoyo a la pesca, con bandera panameña, pasó a ser visible públicamente.
Abrir los datos fue un paso importante, pero no el único. Dos años más tarde, Panamá aprobó una nueva Ley de Pesca y Acuicultura. La norma introdujo, entre otras medidas, la obligación de publicar información sobre los procesos por posibles infracciones pesqueras, desde su apertura hasta su resolución final.
Al mismo tiempo, el país aumentó su superficie marina protegida. Entre 2015 y 2023, MiAmbiente creó y amplió las áreas protegidas de Banco Volcán y Cordillera de Coiba, que hoy abarcan más de la mitad de las aguas panameñas, superando la meta internacional 30×30.
Poco a poco, la transparencia dejó de ser solo una respuesta a las críticas externas y se convirtió en una herramienta vital para mejorar la gestión marina y pesquera en el país.
Una flota cada vez más transparente
A lo largo de los esfuerzos de Panamá por reformar sus sectores pesquero y marítimo, Global Fishing Watch ha sido un aliado constante.
Eduardo Carrasquilla, administrador general de ARAP, explica que, gracias al trabajo conjunto, en 2026 se fortaleció la “Carta de No Objeción”, la primera evaluación que realizan las autoridades panameñas antes de aprobar la incorporación de una embarcación al registro nacional. Hoy, “el procedimiento incorpora mecanismos para comprobar quién controla realmente un barco, qué otras embarcaciones opera esa persona y si existen antecedentes de infracciones”, apunta.
En enero de 2025, ARAP anunció una nueva Guía para la Autorización de Transbordos, desarrollada junto con Global Fishing Watch y la IMCS Network. La guía establece, por primera vez, un procedimiento estandarizado para evaluar y autorizar transbordos, combinando datos nacionales de VMS con información pública del sistema de identificación de embarcaciones (AIS) disponible en la plataforma de Global Fishing Watch.
Tres meses después, Panamá anunció un compromiso aún más ambicioso: aumentar la transparencia sobre los beneficiarios finales de su flota internacional, es decir, las personas que, en última instancia, poseen o controlan los buques. En junio de 2026, el país publicó esa información y, además, compartió en el mapa de Global Fishing Watch los datos VMS de cerca de 200 embarcaciones de su flota doméstica.
La lógica detrás de estas reformas es clara: cuanto más sepan las autoridades sobre quién opera una embarcación, por dónde navega y qué actividades realiza, mejor preparadas estarán para identificar riesgos y tomar medidas.
Esto quedó demostrado en enero de 2025, cuando analistas de ARAP detectaron 14 embarcaciones palangreras operando dentro de la Cordillera de Coiba, un área protegida donde la pesca está prohibida. ARAP solicitó respaldo analítico de Global Fishing Watch con el fin de documentar la actividad de cada nave y consolidar las pruebas utilizadas en los procedimientos sancionadores.
Esto marcó la primera vez que las autoridades panameñas incorporaron el análisis de seguimiento de embarcaciones de Global Fishing Watch en sus procesos de fiscalización de áreas marinas protegidas, sentando las bases para sanciones, mejores prácticas de monitoreo y, en última instancia, cambios medibles en el comportamiento de la flota.
El resultado fue concreto: ARAP impuso multas de hasta $50.000, sancionó a varios capitanes y suspendió licencias. Bajo la legislación actualizada del país, las autoridades ahora pueden suspender licencias mientras se investigan posibles infracciones en aguas nacionales, despojando a los presuntos operadores ilegales de la capacidad de pescar durante la revisión del caso.
Los efectos de estos cambios ya son tangibles en el agua: entre octubre de 2025 y enero de 2026, el rastreo satelital registró cero embarcaciones pescando dentro de la reserva.
Las trayectorias de las embarcaciones, de acuerdo con datos VMS de la flota de palangre de Panamá, muestran un cambio claro en los patrones de navegación para evitar las aguas de Cordillera de Coiba entre octubre de 2025 y enero de 2026.© 2026 Global Fishing Watch
“Suspender una licencia es quizás la sanción más contundente que existe para el propietario de una embarcación”, apuntó Carrasquilla. “Hoy en día, tenemos una Cordillera de Coiba libre de pesca ilegal”.
Ureña, coordinador del Centro de Monitoreo, atribuye el cambio de comportamiento a una combinación de factores que van desde las sanciones y el aumento de los patrullajes del Servicio Nacional Aeronaval hasta la vigilancia técnica de MiAmbiente con buques científicos de organizaciones no gubernamentales.
Una nueva forma de trabajar
La transformación de Panamá también está modificando el modo en que las instituciones colaboran para proteger los recursos oceánicos. En las áreas marinas protegidas, por ejemplo, MiAmbiente y las autoridades pesqueras comparten las responsabilidades de monitoreo y fiscalización. Para el ministerio, incorporar tecnología de monitoreo ha supuesto un cambio de paradigma.
“El Ministerio carecía de este tipo de fiscalización mediante tecnología”, explicó Osvaldo Rosas, experto legal de MiAmbiente. “A partir de las alertas emitidas por las plataformas satelitales, el personal técnico puede elaborar informes de inspección y remitirlos a la institución competente para iniciar los procesos sancionadores”.
“Dichos informes también pueden remitirse al Ministerio Público, que determina si corresponde iniciar una investigación por un posible delito. MiAmbiente ha comenzado incluso a trabajar con la Fiscalía Ambiental para fortalecer el uso de datos electrónicos como evidencia”, añadió.
Para Gabriel Caballero, representante de Global Fishing Watch en Panamá, esta evolución refleja una transformación de fondo: los datos ya no se utilizan únicamente para entender lo que sucede en el mar, sino para fundamentar la toma de decisiones y ejecutar acciones de fiscalización.
Lo que viene
A pesar del camino recorrido, Panamá todavía tiene desafíos por delante. El siguiente paso, según el gobierno, es completar la trazabilidad de las capturas desde el mar hasta su exportación. El país trabaja en un sistema integral de trazabilidad y prevé realizar las primeras pruebas piloto en 2026.
La tarjeta amarilla impuesta en 2019 sigue vigente, pero el escenario ha cambiado drásticamente y las autoridades confían en que se levantará en un futuro próximo.
Panamá cuenta hoy con herramientas, datos y mecanismos de coordinación que no existían cuando recibió dicha sanción. El gobierno publica información sobre el seguimiento de sus buques, licencias, procesos sancionatorios y beneficiarios finales. Sus instituciones utilizan datos satelitales para orientar patrullajes y generar evidencia. Incluso, representantes de otros países viajan hoy a Panamá para aprender de su experiencia.
Para Caballero, ese cambio resume la transformación de Panamá mejor que cualquier cifra.
“Hace algunos años el país respondía ante la comunidad internacional por deficiencias en sus sistemas de control”, recordó. Ahora, dice, Panamá ha pasado “de tener que dar explicaciones por sus debilidades a estar en posición de compartir su experiencia”.
Ese puede ser el cambio más trascendente de todos: Panamá ya no se limita a reaccionar ante las debilidades de su sistema. Está construyendo sobre lo aprendido, compartiendo más datos y fortaleciendo sus instituciones para demostrar lo que es posible cuando la transparencia se convierte en el eje de la gestión y el compromiso con la mejora continua se sostiene en el tiempo.
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