Panamá fortalece supervisión de su flota internacional con nueva política de monitoreo de transbordos

Un nuevo instrumento de política pública adoptado por el gobierno de Panamá está destinado a ayudar al país centroamericano a mejorar el control de su flota de servicio internacional y reforzar la supervisión de transbordos como parte de un esfuerzo por garantizar un mayor cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales.

La Guía para la Autorización de Transbordos, desarrollada en colaboración con Global Fishing Watch y la Red Internacional de Monitoreo, Control y Vigilancia (IMCS Network), con contribuciones de WildAid, fue anunciada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) el 3 de enero mediante una resolución administrativa formal. La guía apoyará a las autoridades panameñas en la mejora del proceso de autorización de transbordos mediante un procedimiento estandarizado, paso a paso, que utiliza tanto datos del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) de buques con bandera panameña como datos del sistema de identificación automática (AIS) provenientes del mapa de Global Fishing Watch.

“Al mejorar los controles de transbordo e integrar tecnología de monitoreo de punta, Panamá está dando un poderoso ejemplo de gestión pesquera responsable”, afirmó Adel Heenan, jefa de investigación aplicada y transferencia de desarrollo de capacidades en Global Fishing Watch, quien señaló que la guía es el resultado de más de dos años de colaboración estrecha con funcionarios panameños para comprender mejor las funciones de las autoridades e identificar oportunidades de mejora.

Aunque el transbordo —la transferencia de capturas entre embarcaciones— es una práctica vital y rutinaria en la industria pesquera comercial, también puede estar asociado con un mayor riesgo de que productos pesqueros ilegales, no declarados y no reglamentados (INDNR) ingresen a la cadena de suministro de mariscos, facilitando así actividades delictivas en el sector pesquero. Esto se debe a que los transbordos suelen llevarse a cabo en altamar, fuera de la vista y el alcance de las autoridades. Las limitaciones en monitoreo y control efectivos permiten que actores inescrupulosos manipulen datos con fines económicos, abriendo la puerta a la pesca INDNR y otros delitos marítimos como el tráfico de armas, drogas e incluso personas. Prácticas de monitoreo más claras y mejoradas ayudan a reducir esta amenaza.

Panamá, un país clave en materia pesquera y con la flota de buques de carga más grande del mundo, ha recibido dos veces la “tarjeta amarilla” de la Unión Europea (UE) por no cumplir con medidas internacionales de conservación y gestión, así como por deficiencias en sus esfuerzos para combatir la pesca INDNR. Entre los incumplimientos reportados se incluyeron controles inadecuados sobre embarcaciones con bandera panameña, lo que debilitó la trazabilidad y verificación de capturas, y resultó en una débil aplicación de la ley y una pobre implementación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA) de las Naciones Unidas para evitar que productos de la pesca INDNR ingresen a los mercados nacionales e internacionales. En respuesta, Panamá ha tomado medidas para fortalecer su supervisión pesquera, incluyendo la adopción de nuevas regulaciones, el aumento de la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de monitoreo.

Desde la última tarjeta amarilla emitida en 2019, las autoridades panameñas han buscado abordar las preocupaciones de la UE a través de un enfoque integral que incluye cooperación internacional, transformación de infraestructura y legislación, transferencia de conocimiento, desarrollo de capacidades, así como apoyo técnico y financiero. De hecho, en 2019 Panamá comenzó a compartir públicamente los datos de seguimiento de embarcaciones de su flota internacional en la plataforma de Global Fishing Watch, demostrando su compromiso con la sostenibilidad mediante la transparencia en el seguimiento de buques. Esto fue seguido por una nueva ley de pesca en 2021 y regulaciones revisadas en 2023, que incluyeron un enfoque específico en los transbordos. Panamá también ha implementado acuerdos bilaterales para facilitar el intercambio de información entre autoridades nacionales e instituciones regionales. En este contexto, la Guía para la Autorización de Transbordos representa el más reciente esfuerzo de las autoridades panameñas para mejorar la supervisión de las embarcaciones con bandera nacional que prestan servicios internacionales y participan en operaciones de transbordo.

“La adopción de la Guía es un paso concreto en el compromiso de Panamá con la rendición de cuentas y una gestión pesquera más sólida”, añadió Heenan. “Mejorará el control y monitoreo de la actividad pesquera internacional del país y, en última instancia, ayudará a proteger los ecosistemas marinos de la sobreexplotación y a los medios de vida de las personas que dependen de ellos.”