Conversando con
Gerardo Irimia
El país refuerza su lucha contra la pesca ilegal al exigir la divulgación del beneficiario final como requisito para otorgar licencias pesqueras, con el respaldo técnico de Global Fishing Watch
Durante la Conferencia Nuestro Océano celebrada en abril de 2025 en Corea del Sur, Panamá anunció un compromiso pionero para mejorar la transparencia en la gestión de su flota pesquera: requerirá que todas las embarcaciones de servicio internacional revelen la identidad de su beneficiario final —es decir, la persona física que realmente posee o controla la embarcación— como parte del proceso de licenciamiento de pesca.
Con uno de los registros marítimos más grandes del mundo, el país centroamericano busca fortalecer su gobernanza pesquera y garantizar que quienes operan bajo su bandera cumplan con las normativas nacionales e internacionales. Para ello, Panamá cuenta con el apoyo técnico de Global Fishing Watch, organización que colabora con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en la digitalización de datos, la modernización de plataformas y el fortalecimiento del intercambio de información.
El beneficiario final, conocido como Ultimate Beneficial Owner (UBO, por sus siglas en inglés), es la persona que realmente se beneficia de la operación de un buque, aunque no aparezca directamente en los registros oficiales. La falta de transparencia en torno a los UBO ha sido señalada como uno de los principales vacíos en los esfuerzos por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Publicar esta información permite a los Estados identificar a los verdaderos responsables, mejorar los controles portuarios y evitar que actores infractores operen impunemente en diferentes jurisdicciones.
Conversamos con Gerardo Irimia, subadministrador de ARAP, sobre las razones detrás de este compromiso, las medidas que se están tomando y el papel de la tecnología para avanzar hacia una pesca más transparente y sostenible.
¿Por qué Panamá decidió avanzar en su labor de transparencia relacionada con el beneficiario final? ¿Por qué es relevante este tema para el país?
Panamá tiene uno de los registros de embarcaciones más grandes a nivel global, y eso nos da una responsabilidad importante en el contexto internacional. Queremos seguir siendo reconocidos como un registro de referencia, pero también destacarnos como un país comprometido con la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas internacionales.
Durante el proceso de mejora de nuestra legislación pesquera, identificamos que una de las principales debilidades a nivel mundial es la falta de información sobre los beneficiarios finales de las embarcaciones. Por eso, tomamos la decisión de exigir esta información como requisito para otorgar licencias de pesca a la flota de servicio internacional. Nuestra intención no es solo recopilar los datos, sino que esta información se utilice en los procesos internos y, en el futuro cercano, pueda estar a disposición de otros países. Para eso, nuestra normativa incluye la creación de un registro pesquero que será público y contendrá la información del beneficiario final.
Sabemos que existen estructuras corporativas complejas, pero hay que dar el primer paso. Esta información será fundamental para fortalecer la cooperación entre Estados de pabellón y de puerto, mejorar el control sobre las embarcaciones y, eventualmente, alimentar registros de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera e, inclusive, al Registro Mundial de la FAO.
¿Cuáles son las principales brechas legales y administrativas que Panamá busca cerrar con esta nueva iniciativa?
Tenemos una Comisión Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada desde la cual identificamos que necesitábamos contar con mayor información sobre los beneficiarios finales de las actividades de los buques pesqueros que enarbolan nuestro pabellón. Muchos de ellos pertenecen a personas jurídicas registradas en otras jurisdicciones, lo que complica el control.
A partir de la nueva legislación, además de solicitar el certificado de constitución de la empresa propietaria, también exigimos una declaración del beneficiario final, incluyendo sus datos de contacto. Esto nos permite hacer cruces entre bases de datos y verificar antecedentes, asegurando que quienes operan en nuestra flota no estén vinculados con actividades ilegales.
La meta es tener un registro limpio, compuesto por actores comprometidos con la legalidad y la sostenibilidad. Queremos demostrar que Panamá es un país que está dispuesto a tomar medidas concretas para combatir la pesca INDNR y alzaremos nuestra voz en todos los foros internacionales para apoyar las iniciativas que sean necesarias.
¿Cómo está implementando Panamá este compromiso, qué acciones específicas se están tomando?
Sabemos que cualquier compromiso de esta magnitud requiere adecuaciones técnicas y administrativas. Por eso, con el apoyo de Global Fishing Watch, estamos trabajando en la digitalización de la información sobre beneficiarios finales. Este es el primer paso; la información debe ser sistematizada en las bases de datos que mantiene la Autoridad; durante los próximos meses estaremos trabajando mancomunadamente en el mejoramiento del diseño de nuestras plataformas para digitalizar toda la información existente y que áreas de trabajo de ARAP como licencias, abanderamiento y cumplimiento tengan acceso directo a la información.
También estamos revisando y actualizando nuestro manual de No Objeción, que es la primera evaluación que se hace antes de registrar una embarcación. Allí es clave conocer el historial del beneficiario, si ya tiene embarcaciones en el registro o si ha incurrido en incumplimientos. Este enfoque nos permitirá tomar decisiones más informadas y evitar que se incorporen a nuestra flota actores que no estén alineados con nuestras políticas de sostenibilidad.
¿Qué papel desempeñará la tecnología en estos esfuerzos por mejorar la transparencia y combatir la pesca INDNR mediante la divulgación del beneficiario final?
Estamos en un momento en que la transparencia cobra mayor importancia y que no puede limitarse a mostrar posiciones satelitales. Se requiere una apertura de datos más integral por parte de los Estados. En el caso de Panamá, ya hemos dado varios pasos importantes: compartimos públicamente la información del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) de nuestra flota de servicio internacional a través de Global Fishing Watch; hemos modernizado nuestra legislación para hacer públicos los procesos administrativos sancionatorios, y publicamos nuestras licencias de pesca, tanto de flota nacional como la de servicio internacional.
Pero seguimos avanzado. El siguiente paso es digitalizar la información sobre beneficiarios finales porque hemos entendido que no basta con sancionar al buque o al capitán: hay que identificar a quienes están detrás de las compañías que infringen las normas y sancionarlos a ellos. También, es clave que esta información sea pública, permitiendo que otros países la conozcan para asegurarnos de que no puedan operar impunemente en otras jurisdicciones.
Herramientas como la plataforma de Global Fishing Watch nos han ayudado mucho. No solo nos permiten verificar posiciones de buques, sino también acceder a datos de propiedad, historial de registros y beneficiarios finales. Si logramos que más países se sumen a nuestra iniciativa de publicar información en plataformas tecnológicas gratuitas como la de Global Fishing Watch, vamos a cerrar espacios a la pesca ilegal y a fortalecer las decisiones de gestión pesquera en favor de los recursos y las comunidades que dependen de ellos.
Experto relacionado
Líder de América Latina, Programas Globales
